La Defensoría del Pueblo había advertido desde febrero de este año sobre el escenario de riesgo que enfrentan varias comunidades del Sur de Bolívar, precisamente en una zona donde nueve policías resultaron heridos durante las últimas horas tras un ataque con drones.
La alerta emitida por la entidad cobijó a los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, territorios afectados por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales por el control de rentas relacionadas con la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.
De acuerdo con la Defensoría, en esta zona tienen presencia y disputan el control territorial estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y las disidencias de las Farc.
El interés de estos grupos estaría relacionado, entre otros factores, con un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, utilizado para movilizar economías ilegales.
La disputa armada ha generado una creciente afectación humanitaria para las comunidades, que enfrentan situaciones de miedo, regulación por parte de grupos ilegales y restricciones para movilizarse libremente por sus territorios.
A través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría también documentó la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. La entidad había advertido además sobre el uso de drones para lanzar explosivos, una modalidad que representa un riesgo tanto para integrantes de la Fuerza Pública como para la población civil.
Otro de los escenarios advertidos corresponde a los confinamientos masivos. Según la entidad, más de 3.205 familias de 23 comunidades rurales de Montecristo han resultado afectadas por este tipo de restricciones.
La Defensoría también reportó casos de secuestro y prácticas de trabajo forzado, incluyendo situaciones en las que integrantes de las comunidades habrían sido obligados a trasladar personas heridas o los cuerpos de quienes murieron durante enfrentamientos armados.
El reciente ataque con drones contra los policías volvió a poner en evidencia las condiciones de seguridad advertidas previamente por la entidad.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional dar prioridad a las alertas emitidas para el Sur de Bolívar y adoptar medidas de protección oportunas para las comunidades.
La entidad recordó que las Alertas Tempranas tienen como propósito identificar escenarios de riesgo y permitir que las autoridades actúen antes de que las amenazas se conviertan en hechos consumados, como ocurrió con la situación registrada en Norosí.
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