La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, mediante la cual el Ministerio de las Culturas, durante el gobierno de Gustavo Petro, había reconocido el sombrero de Carlos Pizarro Leongómez como patrimonio cultural de la Nación y ordenado su inscripción en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural.
A través de su cuenta de X, Cabal respaldó la medida cautelar y cuestionó el reconocimiento de la prenda. La excongresista afirmó que ningún símbolo asociado, según su interpretación, con grupos terroristas debería convertirse en patrimonio de los colombianos y pidió respeto por las víctimas.
La decisión judicial se produjo luego de una demanda de nulidad presentada contra la resolución de 2024. Los demandantes cuestionaron, entre otros aspectos, que el Ministerio de las Culturas no tendría competencia para reconocer directamente el sombrero mediante ese acto administrativo y señalaron posibles irregularidades relacionadas con las normas utilizadas como fundamento de la resolución.
En su análisis preliminar, el Consejo de Estado encontró argumentos para suspender temporalmente los efectos de la resolución. La corporación señaló que las disposiciones citadas en el acto administrativo no otorgaban al ministro la facultad para efectuar directamente ese reconocimiento y advirtió que no se habría seguido el procedimiento previsto en la Ley General de Cultura para la declaratoria de bienes de interés cultural de carácter nacional.
Entre los aspectos revisados también está la falta de intervención previa del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la discusión sobre la eventual necesidad de un Plan Especial de Manejo y Protección. Además, el alto tribunal cuestionó la orden de inscripción del sombrero en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural, al considerar que este trámite está relacionado con el procedimiento de declaratoria de bienes de interés cultural.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado es provisional y no significa que el reconocimiento haya sido anulado de manera definitiva. El proceso judicial continuará y será una sentencia posterior
