La presencia de francotiradores en el techo del Capitolio Nacional durante las manifestaciones del 14 de octubre generó controversia entre dirigentes políticos y ciudadanos. Algunos sectores cuestionaron el despliegue de uniformados armados en medio de las protestas y plantearon interrogantes sobre quién había autorizado la medida y cuáles eran sus objetivos.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró que la presencia de los uniformados obedeció a una solicitud del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro. Según explicó, el ingreso fue autorizado por él luego de recibir la petición correspondiente. La medida, indicó, se enmarca en las disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla garantías de seguridad para presidentes y expresidentes de la República.
La solicitud habría sido presentada por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez, responsable de la avanzada del esquema de seguridad de Petro, mediante una comunicación dirigida al Congreso para disponer la presencia de los francotiradores en el techo del edificio durante la jornada.
Sin embargo, la decisión generó críticas desde distintos sectores. La senadora Jennifer Pedraza cuestionó la presencia de hombres armados durante las movilizaciones y sostuvo que la protesta pacífica no debe ser tratada como una amenaza. Por su parte, el concejal de Bogotá Rolando González señaló que la solicitud provenía del propio esquema de seguridad del exmandatario y no de una orden del Gobierno.
La controversia abrió un nuevo debate político alrededor de las medidas de protección de los expresidentes y el manejo de la seguridad durante las manifestaciones públicas.
