La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo fiscal por $370.487 millones relacionado con dos contratos interadministrativos suscritos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para las Víctimas para la adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras.
De acuerdo con el informe revelado por EL TIEMPO, los contratos comprometieron cerca de $710.000 millones y la ANT desembolsó el 95,67 % de esos recursos. Sin embargo, el organismo de control estableció que solo se pudo acreditar la transferencia real del dominio de predios correspondiente al 45,46 % de los recursos desembolsados.
La revisión se concentró en los contratos ANT-202413098, por cerca de $410.000 millones, y ANT-20245680, por alrededor de $300.000 millones. En el primero se giraron $393.001 millones, de los cuales se acreditaron $100.685 millones mediante actos de transferencia; mientras que en el segundo se desembolsaron $286.268 millones y se respaldaron jurídicamente $208.095 millones.
La Contraloría cuestionó que los desembolsos no guardaran una correspondencia proporcional con la consolidación del dominio de los terrenos a favor de la ANT. También señaló que los predios presentaban diferentes situaciones jurídicas que requerían análisis individuales frente a procesos de restitución, ocupaciones, disponibilidad y otras contingencias que podían impedir o retrasar la transferencia.
La ANT, en una respuesta presentada el 27 de julio de 2026, cuando Felipe Harman todavía estaba al frente de la entidad, solicitó retirar las incidencias fiscal, penal y disciplinaria. La Agencia sostuvo que se trataba de un proceso progresivo y no de compraventas de ejecución inmediata, además de señalar que más de 184 predios habían sido entregados provisionalmente.
No obstante, la Contraloría consideró que estos argumentos no desvirtuaron el hallazgo y precisó que la entrega material de los predios no equivale a una transferencia efectiva del derecho de dominio. El informe también evidenció la sustitución de 78 predios por 70 nuevos mediante un otrosí, operación que implicó una reducción de más de 1.000 hectáreas y un incremento del 20,76 % en el valor promedio por hectárea.
Aunque la Contraloría retiró la incidencia penal al no encontrar elementos suficientes para establecer apropiación, falsedad, engaño o una conducta delictiva intencional, mantuvo las incidencias fiscal y disciplinaria, por lo que las actuaciones de control podrán continuar.
