Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro de las EPS que no sean consideradas viables generaron inquietud en diferentes sectores del sistema de salud. El mandatario aseguró que aquellas entidades que no tengan viabilidad deberán ser liquidadas, una posibilidad que genera nuevos interrogantes en medio de las dificultades financieras y de atención que atraviesa el sistema.
El presidente también afirmó que la prioridad de su Gobierno será recuperar la atención de los pacientes, solucionar las dificultades relacionadas con procedimientos, tratamientos y medicamentos y conocer el monto real de las deudas que tiene actualmente el sector. Para ello, anunció que se buscará establecer mecanismos para sanearlas y definir la financiación del sistema con criterios técnicos y teniendo en cuenta las diferencias territoriales.
Sin embargo, el uso de los términos “inviable” y “liquidar” generó preocupación porque, según el último informe de la Contraloría General de la República, solo cuatro EPS cumplen con las condiciones financieras y de solvencia evaluadas por el organismo de control: Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura. El análisis fue realizado con base en la información financiera de las aseguradoras correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.
La situación genera un interrogante sobre qué ocurriría con las demás entidades que actualmente prestan servicios a millones de colombianos. Una eventual liquidación implica el cierre de la EPS mediante un proceso a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, con la terminación de su existencia jurídica y el traslado de sus afiliados a otras entidades.
Uno de los casos que más preocupación genera es el de la Nueva EPS, que cuenta con alrededor de 11,4 millones de afiliados. La organización Pacientes Colombia advirtió que esta entidad estaría dentro de las consideradas “inviables” bajo los criterios financieros mencionados y cuestionó las consecuencias que tendría una eventual liquidación para el sistema.
La organización también señaló cifras relacionadas con los ingresos, pérdidas, deudas, cuentas pendientes de legalización, siniestralidad y acciones judiciales que enfrenta la Nueva EPS, para advertir sobre la magnitud de la situación financiera y asistencial. Además, cuestionó hacia dónde serían trasladados los pacientes si únicamente cuatro EPS cumplen las condiciones financieras señaladas por la Contraloría.
Mientras tanto, la ministra de Salud, Ana María Vesga, ha utilizado un discurso diferente. El pasado 4 de septiembre habló de la necesidad de buscar la “estabilización” del sistema y reconoció que la situación de la Nueva EPS genera especial preocupación debido al número de afiliados que concentra y a su peso dentro de las deudas del sector.
Vesga también se refirió a la crisis de medicamentos y explicó que, desde la perspectiva del Gobierno, el problema no necesariamente está en la disponibilidad de los productos, sino en los retrasos en los flujos de recursos hacia operadores logísticos, gestores farmacéuticos y laboratorios. Dentro del plan de choque anunciado por la administración, la entrega de medicamentos aparece como una de las prioridades.
La química farmacéutica Hannah Escobar cuestionó la diferencia entre los mensajes del presidente y la ministra y pidió que el Gobierno tenga una postura coordinada frente al futuro de las EPS. También recordó que las decisiones sobre la liquidación de estas entidades corresponden a la Superintendencia de Salud.
El Gobierno deberá definir ahora cuál será la estrategia para enfrentar la crisis financiera y de atención del sistema, mientras crece la expectativa entre pacientes, EPS y demás actores del sector. El principal desafío será garantizar la atención de millones de usuarios y, al mismo tiempo, recuperar la estabilidad financiera del sistema sin generar mayores niveles de incertidumbre.
