Santa Marta atraviesa una situación de orden público marcada por ataques, intimidaciones y restricciones a la movilidad luego del anuncio de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachencas. Los hechos se produjeron después de un operativo de la Fuerza Pública en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como integrante de esa estructura.
Durante la jornada se reportaron vehículos incinerados, afectaciones al transporte, intimidaciones a comerciantes y cierre de establecimientos. Ante este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta.
El alcalde Carlos Pinedo informó que en las últimas horas llegaron 600 policías y 500 militares para fortalecer las operaciones de seguridad. Según el mandatario distrital, también fueron desbloqueadas algunas zonas rurales y se mantiene el despliegue de la Fuerza Pública en el territorio.
Pinedo señaló que el transporte público opera entre el 70 % y el 80 % de su capacidad y que las clases fueron suspendidas en sectores rurales afectados por los enfrentamientos. También manifestó que la Fuerza Pública permanecerá en el distrito mientras se recuperan las condiciones de seguridad.
El alcalde atribuyó el fortalecimiento de las estructuras criminales a lo que calificó como una “fallida política de paz total”. Esta interpretación, sin embargo, no es compartida de manera general: la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha señalado que el fenómeno es multicausal y que no existe evidencia para atribuir exclusivamente a esa política el crecimiento de estos grupos.
La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre los riesgos que la confrontación representa para la población civil. Iris Marín señaló que persisten restricciones de movilidad asociadas al temor de los habitantes y advirtió sobre posibles escenarios de desplazamiento, confinamiento y suspensión de actividades económicas.
La entidad ha mantenido alertas sobre la situación de la Sierra Nevada, donde Santa Marta, Ciénaga y Dibulla hacen parte de las zonas afectadas por la dinámica de violencia. La Defensoría ha señalado que la presencia de la Fuerza Pública es necesaria para proteger a la población, pero también ha advertido que los combates pueden generar nuevos riesgos para las comunidades.
Mientras continúan las operaciones de seguridad, las autoridades mantienen el despliegue militar y policial en Santa Marta y otros sectores del Magdalena. El balance de capturas y resultados operacionales continúa en desarrollo.
