La familia de Mónica Lizeth Beltrán, una estudiante de 13 años que había sido víctima de reclutamiento forzado en el Catatumbo, recibió la confirmación de su muerte después de varios meses de incertidumbre y búsqueda. La noticia fue comunicada a su padre, Ramón Darío Beltrán, mediante dos llamadas telefónicas anónimas realizadas el domingo 20 de septiembre de 2026.
Según relató el padre a medios locales, la primera llamada ocurrió hacia las 5:10 p. m. y, ante su incredulidad, los mismos interlocutores volvieron a comunicarse aproximadamente a las 6:40 p. m. para ratificar el fallecimiento y expresar sus condolencias. Sin embargo, se negaron a entregar información sobre el lugar, la fecha, las causas o las circunstancias en las que habría ocurrido la muerte.
Mónica había sido raptada el 2 de abril de 2026, alrededor de las 9:00 p. m., cuando hombres armados señalados como integrantes de las disidencias de las Farc irrumpieron en la vivienda de su familia, ubicada en el sector Villas del Río, en Tibú. De acuerdo con el relato familiar, los hombres se llevaron a la menor del lado de su padre.
La niña cursaba séptimo grado y era la quinta de siete hermanos. Sus familiares y compañeros la recuerdan como una joven tranquila, aficionada a las plataformas digitales y querida en su entorno escolar. Antes de su desaparición, según la familia, no había recibido amenazas.
Durante los meses de cautiverio, la comunicación con sus familiares fue prácticamente inexistente. La familia solo tuvo conocimiento de una breve videollamada de aproximadamente tres minutos, durante la cual Mónica manifestó que se encontraba bien, aunque su padre aseguró que la notó inquieta.
Ramón Darío Beltrán, agricultor dedicado al cultivo de yuca, plátano y palma de aceite y beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), había realizado múltiples llamados públicos para exigir que la menor fuera respetada y regresara con vida a su hogar.
La confirmación de la muerte generó pronunciamientos de rechazo por parte de organizaciones de víctimas, que volvieron a advertir sobre la gravedad del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.
Mientras la familia intenta asimilar la noticia, el cuerpo de Mónica permanece, según información de La Opinión, en una funeraria de Tibú. Sus familiares también enfrentan dificultades económicas para cubrir los gastos de las honras fúnebres y solicitaron apoyo de la ciudadanía para poder darle una sepultura digna.
