La Contraloría General de la República estableció un plan específico de vigilancia y control fiscal sobre los fondos, bienes y recursos públicos destinados a atender la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La medida quedó contemplada en la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026, mediante la cual el organismo de control busca hacer seguimiento a los recursos utilizados durante la atención humanitaria, la rehabilitación y las labores de reconstrucción en los territorios afectados. La norma se relaciona con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 y posteriormente modificado en su ámbito territorial.
El plan contempla recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, presupuestos de las entidades territoriales, aportes, contribuciones y donaciones nacionales o internacionales, además de recursos provenientes de crédito público interno o externo.
La vigilancia busca establecer la trazabilidad de los recursos desde su origen hasta su utilización. Para ello, la Contraloría hará seguimiento a aspectos como la destinación del dinero, la cadena presupuestal, los responsables de ordenar el gasto, los contratos, los beneficiarios, la entrega de ayudas y los avances físicos y financieros de las obras y proyectos.
El organismo de control también contempla el uso de herramientas de analítica de datos, observatorios sectoriales y sistemas de alertas tempranas para identificar posibles riesgos en la administración de los recursos. Además, las denuncias y advertencias presentadas por ciudadanos y por el Congreso relacionadas con la emergencia tendrán atención prioritaria.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el Gobierno, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto podría demandar alrededor de $30 billones. La cifra corresponde a una estimación inicial que incluye cerca de $24,5 billones para edificaciones y $5,5 billones para infraestructura, por lo que puede ajustarse a medida que avance la evaluación de los daños.
La Contraloría también anunció mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vigilancia de estos recursos, mediante sus canales institucionales de denuncia y los mecanismos de control fiscal participativo.
Con esta estrategia, el organismo de control busca hacer seguimiento preventivo y posterior a la gestión de los recursos destinados a la emergencia, con énfasis en la protección del patrimonio público y en la identificación temprana de posibles irregularidades durante el proceso de reconstrucción.
