Olmedo de Jesús López y Sneyder Augusto Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El traslado fue registrado en un video difundido en redes sociales y posteriormente destacado por el presidente Abelardo De La Espriella.
El mandatario afirmó que con la decisión “se acabaron los privilegios” y sostuvo que los dos exfuncionarios deberán permanecer en el centro de reclusión que corresponda mientras avanzan sus procesos judiciales. En su mensaje, también hizo referencia a los recursos públicos involucrados en las investigaciones por las irregularidades de la UNGRD.
Sin embargo, el traslado generó cuestionamientos por parte de las defensas. El abogado de Sneyder Pinilla aseguró que existía una decisión judicial que ordenaba mantenerlo en un centro de reclusión militar debido al riesgo para su seguridad. La defensa de Olmedo López también manifestó reparos y señaló que había una orden judicial relacionada con su permanencia en el Cantón Militar Caldas.
El caso está relacionado con el entramado de corrupción investigado en la UNGRD. En particular, la Procuraduría confirmó en segunda instancia la destitución y la inhabilidad general por 18 años para Olmedo López y por 20 años para Sneyder Pinilla por irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.
Según el organismo de control, en esa contratación se pagaron sobrecostos superiores a $16.000 millones, equivalentes a más del 54 % frente a los precios de referencia del mercado. La Procuraduría determinó además que ambos exfuncionarios participaron en actuaciones relacionadas con la adquisición de los vehículos y el trámite de los pagos.
Además de las actuaciones disciplinarias, López y Pinilla enfrentan procesos en la justicia penal por hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD. El traslado a La Picota ocurre mientras continúan las actuaciones judiciales y en medio del debate sobre las condiciones de seguridad de ambos, quienes han tenido participación como testigos y procesados dentro del expediente.
