El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto que buscan modificar o derogar disposiciones laborales expedidas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Las propuestas abarcan asuntos como la tercerización laboral, los pactos colectivos, los aportes a seguridad social de los repartidores de plataformas digitales, la atención a víctimas de acoso laboral y las inspecciones en lugares de trabajo.
Los borradores fueron publicados el 16 de octubre y estarán disponibles para recibir comentarios hasta el próximo 9 de noviembre. Una vez finalice esta etapa, la cartera laboral, encabezada por Natalia López, deberá evaluar las observaciones antes de definir cuáles serán las disposiciones definitivas.
El Ministerio sostiene que la revisión no busca eliminar derechos laborales, sino ajustar la reglamentación a las competencias del Gobierno y evitar que los decretos impongan obligaciones o sanciones sin respaldo legal. La entidad también señaló que algunas disposiciones presentan problemas jurídicos o técnicos y que varias de las normas están bajo revisión del Consejo de Estado.
Entre los cambios propuestos está la derogatoria del Decreto 581, relacionado con la contratación de trabajadores mediante terceros para desarrollar actividades permanentes. Según el Ministerio, la eliminación de esta norma no significaría que desaparezca la prohibición de la tercerización ilegal, que continúa regulada por la legislación laboral. También se plantea derogar el Decreto 992 sobre pactos colectivos, con lo que el procedimiento volvería a regirse por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, manteniendo las restricciones legales aplicables.
Otro de los puntos centrales es la seguridad social de los repartidores que trabajan mediante aplicaciones digitales. El borrador propone calcular las cotizaciones sobre el 40 % de los ingresos reales, conforme a lo establecido en la ley, y contempla que las obligaciones de aporte solo sean exigibles 12 meses después de la certificación de los ajustes tecnológicos requeridos por parte del Ministerio de Salud.
En materia de inspección laboral, la propuesta busca precisar las condiciones para aplicar medidas preventivas, con exigencias de justificación, temporalidad y revisión. Asimismo, se plantean ajustes a las disposiciones sobre acoso laboral, violencia y discriminación; la graduación de multas a empleadores que despidan a víctimas de acoso sexual; las inspecciones relacionadas con el trabajo doméstico, y la reglamentación aplicable a periodistas y comunicadores.
La iniciativa ha generado diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. El Comando Nacional Unitario había pedido mantener las normas reglamentarias y advertido sobre posibles retrocesos en derechos laborales. En contraste, el Ministerio defiende la necesidad de revisar las disposiciones para garantizar que se ajusten al marco legal.
Por ahora, los cambios no son definitivos. La publicación de los ocho proyectos abre un nuevo periodo de participación antes de que el Gobierno decida qué modificaciones o derogatorias adoptará.
