El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, una hoja de ruta que contempla siete ejes estratégicos, más de 320 macroproyectos regionales y una inversión estimada de $520 billones entre recursos públicos y privados. Según explicó Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), las iniciativas buscan responder a las necesidades de los territorios y establecer prioridades para el desarrollo económico y social del país.
El cronograma establece que las bases del documento deberán presentarse el 6 de noviembre ante el Conpes ampliado y el 15 de noviembre ante el Consejo Nacional de Planeación. Posteriormente, el articulado será llevado al Congreso en febrero de 2027. Para su elaboración, el Gobierno adelanta 13 mesas regionales destinadas a recoger propuestas de gobernadores, alcaldes, empresarios y otros sectores.
Uno de los principales cambios del plan será la inclusión de un eje de reconstrucción, transformación y resiliencia, con el propósito de atender las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y otros desastres naturales, incluidos los incendios forestales. La propuesta también contempla fortalecer la preparación del país frente a fenómenos climáticos extremos.
Los otros ejes abarcan la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento institucional; la mejora de la calidad de vida, la salud, la nutrición y los servicios públicos; y la reactivación económica mediante inversiones en sectores como hidrocarburos, minería, construcción, energía, turismo y agroindustria. Dentro de las apuestas regionales, el Gobierno destaca el potencial de la Altillanura, cuyo desarrollo requeriría mejoras en infraestructura vial y conectividad.
Buitrago señaló que los proyectos deberán apoyarse en distintas fuentes de financiación, debido a las restricciones de las finanzas públicas. Por ello, el Gobierno busca promover la participación de inversionistas privados, capital extranjero y crédito multilateral. También considera prioritario revisar procedimientos relacionados con las consultas previas y las licencias ambientales para facilitar la ejecución de iniciativas que llevan años pendientes.
En materia fiscal, el director del DNP afirmó que la administración pretende reducir gastos de funcionamiento del Estado y liberar recursos para la inversión. La meta económica planteada es alcanzar un crecimiento del 6% antes de finalizar el cuatrienio, para lo cual el Gobierno considera fundamentales la seguridad, la confianza inversionista y el impulso a los proyectos productivos.
Además, el Fondo Milagro, destinado a apoyar las labores de reconstrucción, se encuentra en etapa de estructuración y definición de criterios para priorizar proyectos. Según Buitrago, el objetivo es concentrar los recursos en la reconstrucción, limitar los gastos administrativos y mantener una supervisión estricta sobre su ejecución.
