El expresidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes aseguraron que antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían recibido solicitudes para declarar públicamente contra varios dirigentes políticos.
La controversia gira en torno a un encuentro realizado en Valledupar en octubre de 2025, en el marco de los acercamientos relacionados con el cierre del proceso de desmovilización de las AUC. Según Rodríguez, durante el Gobierno anterior recibió instrucciones para gestionar declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.
Mancuso respaldó parte de esa versión y sostuvo que delegados del Gobierno les habrían pedido a los antiguos comandantes pronunciarse públicamente contra esos tres dirigentes. Sin embargo, aclaró que Petro nunca le hizo directamente esa solicitud y afirmó que los exjefes paramilitares se negaron a participar en lo que, según su relato, se les estaba proponiendo.
Ante las acusaciones, Petro rechazó que se le atribuyera una orden para presionar declaraciones contra dirigentes políticos. “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, manifestó.
El exmandatario también defendió la existencia de la mesa con antiguos comandantes de las AUC y señaló que su funcionamiento estaba contemplado en la Resolución Ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025. Este documento designó gestores de paz a exintegrantes de esa organización y estableció disposiciones relacionadas con el cierre del proceso de desmovilización.
Petro pidió que se hagan públicas las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron en las reuniones. Además, cuestionó si la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo fueron convocadas y si sus representantes estuvieron presentes, dado que la resolución contemplaba su participación como invitados permanentes.
El expresidente sostuvo que cualquier intento de utilizar espacios de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones debe ser investigado por la justicia. Al mismo tiempo, insistió en que las responsabilidades individuales deben establecerse a partir de pruebas y no únicamente de declaraciones de terceros.
La controversia deja en el centro del debate el propósito del encuentro de Valledupar, las instrucciones que habrían recibido los funcionarios y el papel de los antiguos comandantes paramilitares. Por ahora, las versiones de los involucrados deben distinguirse de las conclusiones que puedan establecer las autoridades competentes.
