El Gobierno de Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de una nueva política de seguridad y paz para Colombia, cuyo articulado está siendo elaborado por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara. El proyecto deberá posteriormente ser presentado ante el Congreso para su discusión y eventual aprobación.
Entre los principales componentes que el Ejecutivo ha venido planteando aparecen el fortalecimiento de las extradiciones, una ofensiva contra los grupos armados ilegales y acciones dirigidas a afectar las economías ilícitas que financian a estas organizaciones. La Presidencia también ha presentado la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión y otros delitos como elementos centrales de su estrategia de seguridad.
La extradición ya se ha convertido en uno de los instrumentos utilizados por la administración. La Presidencia informó que durante el primer mes de Gobierno se habían firmado 52 resoluciones relacionadas con procesos de extradición, mientras que posteriormente reportó nuevas decisiones dentro de esta estrategia de cooperación judicial internacional.
Otro de los elementos planteados por el Gobierno es el tratamiento de los grupos armados ilegales bajo una estrategia común de seguridad. En agosto, el presidente anunció lineamientos según los cuales las estructuras criminales serían enfrentadas bajo una misma categoría dentro de la estrategia estatal, mientras se reforzarían las operaciones contra sus integrantes, finanzas y actividades ilícitas.
La política también está relacionada con el nuevo enfoque del Gobierno frente a los procesos de diálogo con organizaciones armadas. De La Espriella anunció el cierre de tres procesos heredados de la política de paz total y planteó que las estructuras que continúen con actividades criminales deberán enfrentar la acción de la Fuerza Pública y la justicia.
A nivel internacional, la propuesta contempla una coordinación más estrecha con Estados Unidos. El análisis de El Espectador señala que la alianza regional con ese país constituye uno de los componentes centrales del proyecto que preparan Cancino y Lara, en un contexto marcado por la estrategia denominada Escudo de las Américas.
El alcance definitivo de esta política todavía está en construcción. Además de definir sus medidas concretas, el Gobierno deberá presentar el articulado ante el Congreso, donde tendrá que surtir el correspondiente trámite legislativo. Por ello, algunos de los anuncios realizados durante las primeras semanas de la administración constituyen hasta ahora lineamientos y decisiones del Ejecutivo, mientras que el contenido definitivo dependerá del proyecto que sea presentado y de su discusión institucional.
