El exsenador Iván Name anunció que apelará el fallo de primera instancia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de su investidura, en una decisión relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión todavía puede ser controvertida mediante los recursos establecidos por la ley.
A través de una carta difundida por su equipo, Name aseguró que recurrirá la decisión y sostuvo que los hechos y conductas por los que fue señalado no corresponden a su actuación. El exsenador también cuestionó los testimonios y elementos de prueba considerados dentro del proceso y afirmó que continuará su defensa ante las instancias judiciales.
El Consejo de Estado adoptó la decisión el 25 de septiembre, en primera instancia, al considerar acreditada la causal de tráfico de influencias relacionada con actuaciones de Name cuando ocupaba la Presidencia del Senado durante el periodo legislativo 2023-2024. La sentencia está relacionada con el trámite de iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas la reforma pensional.
Según lo establecido en el fallo, el caso involucra recursos provenientes de la UNGRD y un supuesto acuerdo para favorecer el trámite de iniciativas legislativas. La decisión señala una relación entre el beneficio económico analizado por la Sala y las actuaciones de Name como presidente del Senado.
Name rechazó esa interpretación y afirmó que la estructura que, según él, estuvo detrás del saqueo de recursos de la UNGRD habría intentado ocultar a los verdaderos responsables mediante testimonios y pruebas que calificó como falsas. Estas afirmaciones corresponden a la defensa del exsenador y hacen parte de su posición frente al fallo.
La pérdida de investidura fue decretada en primera instancia, por lo que la decisión no está en firme. Name anunció que acudirá a la apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, instancia en la que continuará la discusión judicial sobre la decisión.
El caso forma parte de las investigaciones derivadas del escándalo de la UNGRD, que también ha involucrado a otros funcionarios y exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La decisión sobre la investidura de Name corresponde al ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa y es independiente de las actuaciones penales que puedan desarrollarse sobre los mismos hechos.
